La batalla en los juzgados

El 18 de mayo de 2007 la empresa norteamericana Odyssey anuncia que había transportado un cargamento de monedas a los Estados Unidos y solicita al Tribunal Federal de Tampa el reconocimiento de sus derechos sobre el pecio. El secretismo con que actuó tras dar la noticia levantó las sospechas de que podía tratarse del cargamento de un buque español.
Diez días después, el Estado español, a través del Ministerio de Cultura, se personó ante el Tribunal Federal de Tampa solicitando la identificación inmediata del naufragio y de la carga. Al situarse el proceso en los Estados Unidos, la defensa del caso se encargó al bufete norteamericano Covington & Burling, que había defendido anteriormente con éxito los derechos de los buques españoles el Juno y la Galga frente a la empresa Sea Hunt.
España demostró con rotundidad ante los tribunales norteamericanos que la identidad del buque expoliado era la Mercedes y, además, que era una fragata de la Armada española, sujeta por tanto al principio de inmunidad soberana, sobre la que Odyssey no tenía ningún derecho a intervenir. Para ello se aportaron declaraciones de especialistas en historia naval y arqueología y documentación de diferentes archivos: Archivo General de Indias, Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán, Archivo del Museo Naval y Archivo de la Real Academia de la Historia.
Los tribunales de Estados Unidos denegaron en todas las instancias los argumentos de Odyssey, reconociendo los derechos de España sobre la Mercedes.